De todos los problemas que rodean nuestra existencia diaria, la inseguridad vial es uno de los principales. Se tiene la certeza de que los accidentes de tráfico son evitables, y la siniestralidad está siendo disminuida, aunque menos de lo deseado.
El motivo de la disminución de la siniestralidad seguramente haya que buscarlo en una suma de factores: permiso por puntos, cambios en el código penal, mayor control policial en nuestras carreteras (velocidad, drogas y alcohol), aumento del baremo sancionador, mejor educación vial, mayor presencia de temas relacionados con seguridad vial en los medios, campañas publicitarias, asociaciones civiles, etc.
A pesar de lo anterior, esta tragedia sigue teniendo unas consecuencias inaceptables. Cada año, además de los fallecidos, tenemos que sumar como víctimas a una cantidad cercana al medio millar de lesionados, además de los familiares y allegados que sufren con el dolor de las víctimas directas. Ha llegado la hora de que todos arrimemos el hombro para dar fin a una de las formas más estúpidas de morir que el hombre ha creado: el accidente de tráfico.
Algunas empresas y organizaciones públicas y privadas se están dando cuenta de que tienen responsabilidad social, civil y penal en cuanto a la prevención de los accidentes de tráfico, y de que pueden hacer bastante para disminuir la probabilidad de que ocurran. Con ello todos saldremos ganando, ya que una de las particularidades del tráfico es que el riesgo se comparte independientemente de nuestra voluntad.
Hay, sin embargo, otras empresas no se sienten responsables de los accidentes laborales de tráfico y trasladan la responsabilidad a las distintas administraciones relacionadas con el tráfico. Además, no tienen clara la responsabilidad de prevención de riesgos en el ámbito de la seguridad vial. No son tampoco conscientes de los beneficios que les aportaría integrar los principios básicos de una movilidad segura y sostenible dentro del funcionamiento normal de su empresa.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales estable en su articulado los compromisos que debe contemplar una organización de cara a la prevención de riesgos laborales por causa del tráfico.
La firma del acuerdo entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la prevención de los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo, se concibió como una continuación del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo, que regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que contribuyan a disminuir y prevenir la siniestralidad laboral.
Este plan debe incluir unos apartados mínimos: una declaración de la empresa con el compromiso de disminuir la siniestralidad laboral vial, una organización de la gestión de la movilidad y la seguridad vial en la empresa, la elaboración de un sistema de información que recoja la movilidad de los trabajadores y los accidentes que se produzcan, una evaluación de riesgos específica que valore los desplazamientos en jornada de trabajo e in itinere (al ir o al volver del trabajo) , las medidas de prevención específicas para evitar estos daños en los trabajadores y una evaluación y seguimiento del plan de movilidad en la empresa.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011, por el que se aprueban las líneas básicas de la política de seguridad vial para el periodo 2011-2020 recoge, dentro de sus prioridades, la de mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo. La elevada representatividad de los accidentes que tienen lugar al ir o al volver del trabajo exige un compromiso con la seguridad vial a través de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones y mejorar el conocimiento de este tipo de accidentes. Incorporar la cultura de la seguridad vial a las empresas como una práctica en la política de prevención de riesgos laborales es vital para solucionar el problema.
El motivo de la disminución de la siniestralidad seguramente haya que buscarlo en una suma de factores: permiso por puntos, cambios en el código penal, mayor control policial en nuestras carreteras (velocidad, drogas y alcohol), aumento del baremo sancionador, mejor educación vial, mayor presencia de temas relacionados con seguridad vial en los medios, campañas publicitarias, asociaciones civiles, etc.
A pesar de lo anterior, esta tragedia sigue teniendo unas consecuencias inaceptables. Cada año, además de los fallecidos, tenemos que sumar como víctimas a una cantidad cercana al medio millar de lesionados, además de los familiares y allegados que sufren con el dolor de las víctimas directas. Ha llegado la hora de que todos arrimemos el hombro para dar fin a una de las formas más estúpidas de morir que el hombre ha creado: el accidente de tráfico.
Algunas empresas y organizaciones públicas y privadas se están dando cuenta de que tienen responsabilidad social, civil y penal en cuanto a la prevención de los accidentes de tráfico, y de que pueden hacer bastante para disminuir la probabilidad de que ocurran. Con ello todos saldremos ganando, ya que una de las particularidades del tráfico es que el riesgo se comparte independientemente de nuestra voluntad.
Hay, sin embargo, otras empresas no se sienten responsables de los accidentes laborales de tráfico y trasladan la responsabilidad a las distintas administraciones relacionadas con el tráfico. Además, no tienen clara la responsabilidad de prevención de riesgos en el ámbito de la seguridad vial. No son tampoco conscientes de los beneficios que les aportaría integrar los principios básicos de una movilidad segura y sostenible dentro del funcionamiento normal de su empresa.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales estable en su articulado los compromisos que debe contemplar una organización de cara a la prevención de riesgos laborales por causa del tráfico.
Fuente: http://web.foes.es/
La firma del acuerdo entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la prevención de los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo, se concibió como una continuación del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo, que regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que contribuyan a disminuir y prevenir la siniestralidad laboral.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011, por el que se aprueban las líneas básicas de la política de seguridad vial para el periodo 2011-2020 recoge, dentro de sus prioridades, la de mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo. La elevada representatividad de los accidentes que tienen lugar al ir o al volver del trabajo exige un compromiso con la seguridad vial a través de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones y mejorar el conocimiento de este tipo de accidentes. Incorporar la cultura de la seguridad vial a las empresas como una práctica en la política de prevención de riesgos laborales es vital para solucionar el problema.
Diferentes estudios ponen de manifiesto que, por cada euro invertido en prevención por una empresa, se obtiene un rendimiento económico potencial de 2,20 euros, lo que deja muy claro la rentabilidad de este tipo de inversiones en las empresas. Por tanto, la prevención de riesgos laborales no solo contribuye a reducir los costes, sino también a incrementar la rentabilidad de la empresa.
www.aluanainfraestructuras.com
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